Historiadores y diversas organizaciones están recordando los 75 años de haber sido expedida la orden del expresidente Roosevelt para detener y llevar a campos de concentración a ciudadanos de origen japonés, como reacción al incidente de Pearl Harbor.
Fueron alrededor de 120.000 los detenidos, la mayor parte residentes en California y muchos de ellos en su condición de ciudadanos estadounidenses. Pero también hubo japoneses detenidos que vivían en ese momento en países latinoamericanos. Más de 2.000, por ejemplo, fueron traídos por el FBI o deportados, de Perú y Colombia.
Todos fueron internados en 10 campos de concentración, localizados en apartadas regiones de siete estados norteamericanos. Después de cinco años de confinamiento la Corte Suprema, declaró inconstitucional la medida.
Posteriormente, la administración Reagan indemnizó a algunos de los sobrevivientes y a sus herederos.
Investigadores de Harvard, le han hecho seguimiento a algunas de esas comunidades, comprobando que siempre se quedaron rezagadas en su bienestar, en comparación con sus vecinos.
Otros investigadores han expresado alarma, ante la insinuación de algunas corrientes republicanas de proceder a identificar y localizar a las personas de origen musulmán que actualmente residen en los Estados Unidos, lo cual les recuerda la historia de los ciudadanos japoneses que nada tuvieron que ver con el mencionado conflicto.
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