California, ha iniciado el trámite de una Ley que prohíbe nuevas ampliaciones de redes de gas domiciliario, a partir del 2030, a fin de cumplir con sus objetivos de una transición hacia energías limpias, contemplados en la Ley de Crisis Climática, vigente desde el 2022.
Se plantea en ese sentido que los millonarios recursos que implicaría la expansión de dichas redes, deben reorientarse hacia programas para la electrificación total de los edificios, procurando grandes ahorros de dinero para los usuarios californianos.
La iniciativa está en armonía con recientes propuestas formuladas por un grupo de expertos de la Universidad de California, en Los Angeles, quienes sostienen que seguir invirtiendo en redes de gas llevaría a aplazar las metas trazadas para una transición energética coherente.
Construir más gasoductos o reparar los antiguos, debería ser una responsabilidad financiera exclusiva de las empresas de energía y sus accionistas, antes que del Estado, que en la actualidad desembolsa alrededor de US$10.000 millones anuales, para sostener el sistema, en donde los usuarios deben pagar en sus facturas hasta la fugas de gas, que no utilizan.
Entre los analistas, se cuentan los expertos en Derecho Ambiental, Brennon Méndez, Denise Grab y Craig Craig Segall, vinculados a la Escuela de Leyes de dicha universidad.
Adicionalmente al aspecto financiero, se agregan los numeros estudios científicos que documentan los riesgos que conllevan para la salud el uso de las estufas a gas, por sus emisiones tóxicas.
Fuente: Universidad de California, Los Angeles
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